Proyecto Arminda
El Proyecto Arminda es una iniciativa estratégica orientada a promover la regularización laboral y la formalización de la actividad económica. A través de acciones de información, sensibilización y asesoramiento técnico, el proyecto acompaña a empresas, entidades y a la sociedad civil en la adopción de prácticas de contratación transparentes, justas y alineadas con el marco legal vigente.
- Sensibilizar a la población: Difundir de manera clara y accesible los derechos laborales y las ventajas de la contratación legal a través de la campaña digital «Salud y Legaliza».
- Concienciar a sectores críticos: Impactar directamente en colectivos prioritarios como el sanitario, socio-sanitario, deportivo, alimentario y los jóvenes en formación.
- Fomentar las buenas prácticas corporativas: Ofrecer información y pautas clave a empresas y entidades para asegurar el estricto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de protección social.
- Reducir la economía no declarada: Mitigar los efectos de la competencia desleal, la precarización laboral y la desprotección social que genera la actividad sumergida.
- Optimizar la difusión regional: Implementar un cronograma de comunicación digital estructurado en fases para maximizar el alcance en las islas.
Para las Personas Trabajadoras
Impacto personal y laboralPara las Empresas
Impacto económico y reputacionalPara la Sociedad
Impacto colectivo¿Qué regiones lideran el empleo no declarado en España?
Canarias y el sur,
a la cabeza...
La economía sumergida sigue siendo una realidad especialmente presente en determinados territorios. Canarias y las regiones del sur se encuentran entre las zonas donde este fenómeno adquiere una especial relevancia.
IMPACTO
El impacto de la economía sumergida y las irregularidades laborales no afecta por igual a todo el territorio nacional.
Aquellas regiones cuya riqueza depende estructuralmente de sectores altamente estacionales como la hostelería, el turismo masivo o las campañas de recogida agrícola registran los niveles de fraude más preocupantes del país.
Mientras que el norte industrial y las comunidades que concentran las grandes sedes corporativas (como Madrid, País Vasco o Cataluña) logran mantener sus índices de informalidad por debajo del 14,5% de su PIB,Canarias y Andalucía lideran el ranking nacional con un 17,9%, casi dos puntos y medio por encima de la media de España. Este desfase no solo se traduce en una menor recaudación para los servicios públicos de las islas, sino también en una desprotección laboral sistemática para miles de trabajadores que se ven atrapados en el empleo no registrado o en contratos a tiempo parcial fraudulentos. A continuación, analizamos detalladamente el mapa del fraude laboral en el Estado, clasificando las comunidades autónomas según su nivel de riesgo y los factores socioeconómicos que perpetúan esta situación:
| Comunidad Autónoma | % de Economía Sumergida sobre el PIB | Nivel de Riesgo | Factores Clave |
|---|---|---|---|
| Canarias | 17,9% | 🔴 Muy Alto | Alta temporalidad, turismo y desempleo |
| Andalucía | 17,9% | 🔴 Muy Alto | Sector agrario temporal y peso hostelero |
| Extremadura | 17,8% | 🔴 Muy Alto | Predominio del sector agrícola y baja renta |
| Región de Murcia | 17,4% | 🟡 Alto | Campañas agrícolas y economía informal |
| Castilla-La Mancha | 16,8% | 🟡 Alto | Actividad rural y pymes familiares |
| Media Nacional | ~15,5% | - | Promedio de fraude en el Estado |
| Cataluña | 14,4% | 🟢 Bajo | Mayor peso industrial y digital |
| País Vasco | 13,9% | 🟢 Bajo | Tejido industrial sólido y salarios altos |
| Madrid | 13,8% | 🟢 Bajo | Concentración de sedes corporativas |